Dentro de las medidas de alivio fiscal, anunciadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, se inscribe la suspensión de las ejecuciones judiciales para aquellos contribuyentes que arrastren deudas con la Dirección General de Rentas. En principio, según se explicó desde el Ministerio de Economía, el alcance de este beneficio será general por incumplimiento en el pago de impuestos patrimoniales y declarativos. 

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que esta medida tiende a quitarle el peso de un compromiso tributario para pequeñas, medianas y grandes empresas que, por la situación inflacionaria y en otros casos por el efecto arrastre de la pandemia. 

“Esto implica la suspensión del inicio del proceso judicial, pero también que no se embarguen las cuentas corrientes de aquellos comerciantes o empresarios que necesitan sacar la cabeza y reimpulsar su actividad”, explicó el gobernador.

Como toda medida de regularización, la suspensión de estas ejecuciones tiene una condicionalidad: el reconocimiento de la deuda de arrastre y el buen comportamiento fiscal hacia el futuro. 

Cada tres meses, el organismo impositivo provincial realizará un monitoreo sobre la conducta del contribuyente para establecer si puede seguir gozando de una quita de los intereses punitorios o de multas si viene sosteniendo regularidad en el pago del o los impuestos afectados por el incumplimiento.  

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De todas maneras, el procedimiento quedará explicitado en la resolución y en la reglamentación que Rentas debe redactar para poner en marcha esta medida a fines de este mes o principios de diciembre.

El Ministerio de Economía, mientras tanto, analiza un esquema para premiar el buen comportamiento de aquellos que, regularmente, vienen pagando sus posiciones. Habrá un esquema diferencial con el fin de no generar inequidades fiscales.

Otras medidas anunciadas por el gobernador se relacionan con la devolución de las retenciones y de las percepciones respecto del impuesto sobre los Ingresos Brutos. En este sentido, Jaldo se comprometió a reducir el tiempo de esa devolución de los 60 a 90 días actuales hasta los 30 días como máximo. 

Se trata de un viejo reclamo que formula el sector privado ya que, cuando logran recuperar ese dinero, generalmente se desvalorizan producto de la elevada inflación.

Asimismo, el Poder Ejecutivo reducir la alícuota diferencial del 7% al 5,5% para aquellos casos en los que se aplican penalidades al no pagar tributos en tiempo y en forma.

El Ministerio de Economía, finalmente, anuncia que entre fines de mes y los primeros días de diciembre, la Dirección General de Rentas, en su sede central, volverá a atender al público para determinados trámites. 

Esa idea surgió tras un encuentro entre el titular de esa área, Daniel Abad, y las autoridades del organismo recaudador. Éstos últimos asumieron el compromiso de habilitar nuevamente la repartición. 

La idea oficial es que la población que no tiene conectividad vaya a Rentas a realizar gestiones, como solía hacerse antes de la pandemia de la Covid.